Investiga FGE 1,715 casos de tortura

Delitos fueron cometidos entre enero de 2010 y septiembre de 2022

En el estado, la Fiscalía General (FGE) ha abierto al menos mil 715 carpetas de investigación en contra de distintas autoridades y hasta particulares por el delito de tortura, y la mayoría de ellas son en contra de empleados municipales.

Información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia reveló que esta cantidad de carpetas fueron iniciadas entre enero de 2010 y septiembre de 2022, y es en el municipio de Juárez donde se concentran dos de cada tres de estas denuncias, con un total de mil 153.

Además, es en el municipio de Juárez donde la mayoría de las carpetas son seguidas en contra de empleados municipales, con un total de 663 en el lapso mencionado, y 112 entre enero y septiembre de 2022. En comparación, hay 469 por tortura presuntamente ejercida por empleados estatales.

En la información publicada por la Dirección de Estadística Criminal, dependiente de la FGE, también resalta que existen más denuncias por tortura cometida por particulares que por empleados federales en 13 años registrados, aunque las cinco carpetas de investigación iniciadas por ese delito en contra de empleados federales han sido por hechos registrados, todos, en Ciudad Juárez en los años 2011, 2016, 2017, 2018 y 2020.

Resultado de investigaciones referentes al mismo delito, han sido señalados el Tribunal Superior de Justicia ha informado que en el Distrito Bravos –al que pertenece Juárez– se ha condenado a 14 de 17 oficiales que llevan un proceso penal por este delito, aunque en distintas solicitudes de información pública se contrapone, pues en otra asegura que son 11 los casos en que se ha obtenido una sentencia condenatoria.

Estos casos fueron llevados en los juzgados de control del TSJ, que en total han sentenciado a 10 personas por estos delitos, con condenas que van desde los dos años de prisión hasta los cuatro, y sanciones económicas entre 8 mil y 19 mil pesos.

Asimismo, ha informado que 24 personas imputadas por algún delito fueron liberadas tan sólo entre 2020 y 2022 tras comprobar que fueron víctimas de tortura mediante los procedimientos del Protocolo de Estambul. De éstos, 20 fueron tan sólo de 2022.

El más reciente caso de tortura documentado por Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue, presuntamente, por autoridades estatales, de la Fiscalía General del Estado. Un hombre de origen chiapaneco que adujo ser del pueblo indígena lacandón llegó al estado a ser recluido en el Centro de Reinserción Social número 1 tras haber sido víctima de tortura extrema y nunca había contado con intérprete de su idioma originario, mientras era acusado de “unos homicidios que se habían realizado en ciudad Cuauhtémoc”.

De acuerdo con la recomendación 3/2023 de la CEDH, el hombre fue detenido por seis más vestidos de civil, golpeado, retenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y luego trasladado a Chihuahua, al municipio de Cuauhtémoc.

Los actos incluyen vertirle agua en la cara mientras era golpeado, dejarlo desnudo en su celda, no proveerle de comida ni productos de higiene personal e incluso intervenirlo quirúrgicamente para removerle tatuajes sin su consentimiento y sin los protocolos adecuados, al grado de causarle infecciones en las heridas.

En el hecho presuntamente estuvieron involucrados dos agentes, dos “licenciadas” y el abogado defensor de oficio, quienes no son identificados por la CEDH en la recomendación al tratarse de una versión pública de la resolución.