Chips de Telcel y Movistar en Cereso

• Chips de Telcel y Movistar en Cereso • No van a descansar con la Centinela • Siembran investigadores para las campañas • Kata y Bertha rebasan a cuatro hombres

“Cómo enfrentar la corrupción si ni siquiera la tentativa de un delito puede configurarse contra el servidor público”

El custodio del Cereso número tres atrapado con 30 chips de celular no cometió delito alguno, en estricto sentido jurídico, pero obviamente se hizo de sospechas y generó alarma en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, aunque por eso no pudo ser procesado.

El caso registrado la semana antepasada hizo mucho ruido entre custodios, policías y comandantes, así como en el resto de la estructura jurídica de la dependencia que dirige Gilberto Loya.

No es que genere sorpresa la corrupción en los penales, las transas alrededor de su operación y los cientos de formas de burlar la ley que encuentran los reos, sus familiares y los custodios que se coluden con los internos; eso es de lo más conocido y jamás habrá de erradicarse de las cárceles en todo el mundo.

En el caso de los chips o tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) lo que sacudió de nuevo el tema fue cómo enfrentar la corrupción si ni siquiera la tentativa de un delito puede configurarse contra el servidor público que, evidentemente, no quería las tarjetas para algo bueno.

En la actualidad, no hay forma de fincarle alguna responsabilidad más allá de la pérdida de confianza por la conducta sospechosa, por más crítica que parezca la situación y por problemas que genere.

Porque las consecuencias de no aplicar una sanción ejemplar dentro de una corporación basada en la disciplina, son las mismas de dejar un delito en la impunidad a nivel social.

Lo peor, sin embargo, no es la responsabilidad individual ni el peligro de que cunda el mal ejemplo entre la tropa de celadores que ha sido reconformada desde que la Fiscalía General del Estado dejó el control de los penales, a partir de los hechos trágicos del primero de enero.

Fuera del Cereso, el tráfico de chips de Movistar y Telcel sigue siendo un problema gravísimo, pues sólo unos cuantos ciudadanos son sometidos al orden de adquirir un número, registrarlo y usarlo de la forma debida.

Sobre esos ciudadanos que no representan problema alguno, sobran controles fiscales, comerciales y hasta políticos, pero cuando se trata de posibles delincuentes --que no quieren los chips masivamente para llamar a su abuelita ni para usarlos legalmenteparece no haber trabas ni candados.

La otra vertiente del uso de chips está en la política, para las granjas de bots dedicadas a inflar el ego de gobernantes, candidatos y aspirantes, que utilizan las tarjetas para operar cuentas falsas de redes sociales a través de terceros o hasta de empresas que dan el servicio. Esa es otra historia, pero ligada al uso irregular de las tarjetas telefónicas.

Es imposible de entender en estos tiempos, cuando la tecnología permite incluso inutilizar a distancia líneas, chips, direcciones electrónicas, que el tráfico de este tipo siga tan impune, pese a los riesgos que representa.

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Casi impecable resultó la operación de la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, para dar respuesta y salida a la solicitud de plebiscito iniciada por grupos morenistas en torno al proyecto de la Plataforma Centinela, una de las prioridades de la gobernadora Maru Campos.

La negativa al plebiscito era la esperada, no así la validación de la consulta pública que, aunque no es un ejercicio vinculante, sí puede tener alcances políticos altos en caso de que quienes se oponen a la administración panista logren posicionar el tema en la sociedad.

El argumento para negar la petición principal es que no cumplió con los requisitos de precisar cuál era la autoridad implicada, es decir que ni siquiera fue planteada de forma correcta la solicitud; tampoco fue aclarado cuál era el acto que pretendía someterse al ejercicio plebiscitario.

La votación unánime de los consejeros electorales dejó en evidencia el planchado previo de Durán y la disposición de todos los integrantes del IEE para restarle presión a un tema que ya tenía desinflándose más de tres meses, tiempo que precisamente se encargó de enfriarlo.

En cuanto a la consulta aprobada, ahí es donde puede haber polémica porque sus resultados no tienen que ser obligatorios de atender por la autoridad cuestionada, pero en un descuido de la operación política del poder estatal y algún chispazo de los morenistas, el cerro puede prender.

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En el mismo renglón de la respuesta del IEE sobre la solicitud de los morenistas para usar herramientas de la Ley de Participación Ciudadana, desde el viernes de puente fueron puestos los asesores a arrastrar el lápiz y a buscar argumentos legales para combatir la decisión del organismo electoral.

El plazo de impugnación no es muy largo, es de unos cuantos días, pero muy seguramente la decisión del IEE va a ser rebatida en el Tribunal Estatal Electoral y luego en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al menos esa fue la determinación del principal promotor del plebiscito, el coordinador de los diputados locales de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quien personalmente lleva la estrategia de ataque.

Sin plebiscito y con consulta, pero además con impugnación en tribunales, no van a descansar los morenistas con la Plataforma Centinela.

••• Cantidades inusuales de solicitudes de información sobre gobierno y funcionarios de la administración juarense hacen pensar que hay algunos excesivamente interesados en buscar puntos flacos de la gestión del morenista Cruz Pérez Cuéllar.

La siembra de investigadores que buscan facturas, contratos, requisiciones y otros documentos no es espontánea, tiene ya meses gestándose; tampoco es de partidos diferentes al que gobierna en la frontera, son los mismos del color guinda los orquestadores.

Con la premisa -a veces falsa- de que el que busca encuentra, los morenistas que no son del equipo municipal seguramente juntan piedras para una contienda que habrá de ser más peleada a nivel interno que externo, dado el amplio dominio del partido en Juárez.

Tal vez resulte en pura pérdida de tiempo para esos esperanzados en hallar algo carnoso.

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Las dos mujeres con orígenes chihuahuenses que participan en la búsqueda de asientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Bertha María Alcalde Luján y Claudia “Kata” Arlett Espino, dejaron atrás a otros cuatro aspirantes hombres con las mismas aspiraciones.

El pase de ambas es sobresaliente porque ya están en el 10 por ciento de los más de 600 aspirantes a consejeros electorales nacionales que buscaron quedar como candidatos a relevar a los cuatro, entre ellos Lorenzo Córdova, que terminan su periodo en unas cuantas semanas.

De los chihuahuenses, quedaron en el camino Gerardo Macías Rodríguez, José Ramírez Salcedo, Roberto Luis Rascón Maldonado y Gilberto Sánchez Esparza, todos con currículum en las instituciones electorales locales, aunque no les fue suficiente para pasar las pruebas.

De las dos mujeres, en realidad sólo Espino es de Chihuahua y es quien más merece la posición, pues Alcalde Luján ha vivido desde niña en la Ciudad de México y sólo estuvo de paso unos meses como delegada de la Secretaría de Bienestar, en el tiempo en que Juan Carlos Loera pidió licencia.

La fecha clave para ver hasta dónde avanza cualquiera de las dos en la carrera por las consejerías del INE es el miércoles de esta semana, cuando habrán de seleccionarse los grupos de cinco finalistas que al comienzo del mes de abril deberán asumir como nuevos consejeros del INE.